La juez ha enviado a prisión a Antonio Fernández después
de cuatro días de interrogatorio tras la petición del fiscal
anticorrupción que así lo solicitó para el exconsejero de Empleo, al que
la juez Mercedes Alaya
imputa seis delitos por su intervención en el caso de los ERE
fraudulentos en la Junta de Andalucía. Ha sido a las 6,45 horas de este
martes cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que
lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía
Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias. La petición del
Ministerio Público ha sido de prisión provisional, comunicada y sin
fianza. Pero también que respondiera por las pólizas fraudulentas de 890 millones de euros, por la suma de las pólizas de seis intrusos y de Río Grande. Suman 664 millones más un tercio que se añade en estos casos.
(Juan Flores)
Mercedes Alaya
El fiscal ha justificado la prisión en la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, unas peticiones a las que se sumaron el PP y Manos Limpias pero de la que se descolgó la Junta de Andalucia.
Así la acusación particular de la administración autonómica ha
solicitado que el exconsejero comparezca cada semana en el juzgado y una
indemnización de 68 millones por las cantidades supuestamente
defraudadas y la retirada del pasaporte.
Fernández
ha terminado su interrogatorio con un reconocimiento implícito de su
culpabilidad en su alegato final a preguntas de la defensa cuando se
cuestionó a sí mismo ¿Cómo podría haber evitado esto? Así
se lamentó de lo que ha ocurrido «a la vista de los indicios de las
ilegalidades» y admitió que quizás en vez de ser un consejero de Empleo
impulsor «tenía que haber sido un consejero mas vigilante con la gestión
de sus subordinados». «Quizás he sido demasiado confiado», dijo. Su abogado tambien aseguró que él mismo «se tortura y se machaca» por ello.
Además, Fernández dijo que todo el procedimiento no sólo le produce «un profundo pesar» sino que está haciendo un gran daño institucional a la Junta de Andalucia y a la comunidad.
Fernández tiene a sus espaldas graves imputaciones:
cuatro delitos continuados de prevaricación, fraude en las
subvenciones, malversación, negociación prohibida a los funcionarios y
dos delitos de cohecho y falsedad documental. «Usted fue responsable del
uso abusivo y descuidado del dinero público», espetó la juez al
imputado durante el interrogatorio que estuvo marcado por una gran tensión durante el cual llegó a pedirle que
«si no quiere contestar se acoja a su derecho pero asuma su
responsabilidad». El rifirrafe entre la magistrada y el exalto cargo se
mantuvo durante las más de 200 preguntas sin contar las que le formuló
sobre el ERE de González Byass,
la bodega jerezana en la que trabajó hasta que entró en política y en
cuyo ERE fue incluido. No fueron pocas las veces que la juez ha elevado
la voz ya que los gritos han podido escucharse desde fuera.
También
ha sido duro el cuestionario del Ministerio Público con dos fiscales
anticorrupción preguntando a Fernández y que culminó cuando le
formularon la pregunta que resume el procedimiento: « ¿No es cierto que,
con la excusa de la paz social, la Junta de Andalucía ideó el sistema
para disponer de fondos sin control previo ni posterior para repartirlos
en beneficio de unos pocos y en detrimento de otros?». El exconsejero lo negó casi todo defendiendo la legalidad del sistema e incluso refiriendose a un documento de IDEA
que, según dijo, había sido avalado por la Intervención de la Junta de
Andalucía y avalaba el convenio marco. Pero no aportó prueba documental
de ese escrito y también se defendió de las acusaciones acerca de su
inclusión en el ERE de González Byass asegurando que no firmó. Fernández
aguantó el tipo y solo flaqueó en un par de ocasiones como cuando
admitió la inclusión del exdelegado de Asuntos Sociales, Juan Rodriguez Cordobés
en el ERE de Calderinox o cuando reconoció las irregularidades
existentes en los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de
Rio Grande o Surcolor.
Fernández es el tercer preso del caso después de que el 10 de marzo ingresara en la cárcel el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el 21 de marzo su exchófer, Juan Francisco Trujillo. El próximo exalto cargo citado a declarar es el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para el 26 de julio.
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