La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE en la Junta de Andalucía, sigue subiendo peldaños en la pirámide del escándalo. Ayer notificó la imputación del socialista Ramón Díaz, diputado en elParlamento andaluz hasta las elecciones del pasado 25 de marzo y una pieza muy importante en la cocina del PSOE de Sevilla, ya que es el máximo responsable de la agrupación Este, la más numerosa de la capital hispalense.
No es la única mala noticia para el PSOE andaluz. La jueza amplía las imputaciones del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y cita a declarar a éste junto con Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, los dos exdirectores generales que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, quien durante nueve años repartió a discreción los 647 millones de euros del «fondo de reptiles» de los ERE.
Estos pasos procedimentales sitúa en una posición muy incómoda al Gobierno de José Antonio Griñán, ya que tanto Márquez como Rivera fueron designados por el actual Ejecutivo. De hecho, Alaya nombra en su auto por primera vez al exconsejero de Empleo Manuel Recio, titular de la cartera durante tres años con Griñán, y asegura que durante su etapa en el Gobierno del actual presidente «se dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de los ERE».
Según Alaya, el que fuera director general de Trabajo hasta hace unas semanas, Daniel Alberto Rivera (que fue imputado y ha sido citado a declarar el 11 de julio) acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros en noviembre de 2010, conociendo la existencia de intrusos en determinadas pólizas, pagar la deuda de determinadas pólizas investigadas por la Dirección General de Trabajo.
De esta manera, Alaya deja muy claro que, como ocurrió con su antecesor, Juan Márquez, Daniel Rivera, miembro del Gobierno de José Antonio Griñán, «dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares» que se iniciaron con el exdirector general Francisco Javier Guerrero, en prisión desde marzo. Y por ello anuncia que podría haber responsabilidades «de otros cargos de la Consejería de Empleo» conforme vaya examinando la documentación.
Respecto al exdiputado socialista Ramón Díaz, que fue asesor del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Mercedes Alaya justifica su imputación en la causa por su «activa participación» en la inclusión de intrusos en tres empresas -Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox, Rafael Rodríguez y Antonio González en de Saldauto y Manuel Jiménez en A-Novo-, así como por la concesión de una ayuda sociolaboral de 450.000 euros a la empresa SAT Virgen del Espino.
La juez amplía las imputaciones de los sucesores de Guerrero. A Juan Márquez Contreras, al que ha citado el próximo 3 de julio, por haber admitido la continuación del uso del convenio marco cuando, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad. Y ordenó las ayudas concedidas a las empresas del exchofer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, y a las sociedades de los exconcejales socialistas en El Pedroso Rosendo y Sayago.
Y dice que «dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas» como las de Mercasevilla o FCC y Cespa». «Era pleno conocedor de que en materia de ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria», dice la juez.
En cuanto a Daniel Alberto Rivera, cesado hace días y que declarará el 11 de julio, le amplía la imputación porque utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación pese a que tenía conocimiento de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento.
También amplia la imputación del exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, (que será juzgado el próximo 28 de septiembre en el primer juicio de Mercasevilla) por su «activa participación» en la inclusión de intrusos de Intersur.
Igualmente han sidoimputadas María Angeles Gala, que estuvo en la Dirección General de Trabajo como secretaria y que tuvo que conocer «la total ausencia de procedimiento» y la concesión arbitraria de ayudas. Y a Rocío Sayago, que también pasó por la misma Dirección General, la imputa porque fue tramitadora de los expedientes de ayudas y considera que «conocería las irregularidades».
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