La delegada Carmen Crespo asegura que no se conoce la situación económica real de la Comunidad
La Junta de Andalucía mantiene conversaciones con el Gobierno central sobre cuáles serían las condiciones para que la comunidad se acogiese alFondo de Liquidez Autonómica, unas conversaciones que están centradas en los tipos de interés que se tendrían que pagar a cambio del dinero recibido, así como las posibles medidas políticas que llevaría aparejado. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció esta posibilidad en el debate parlamentario del miércoles.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha desvelado en una entrevista en Canal Sur Televisión, que se están «negociando» las condiciones, si bien ha aclarado que el planteamiento del Gobierno de Rajoy es equiparar a todas las comunidades autónomas y no favorecer a unas por encima de otras. Crespo, que ha alabado el cambio de actitud del presidente Griñán a favor del debate y el diálogo, ha manifestado que «la razón no siempre está del mismo lado y no se puede decir siempre no a todo» como, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo andaluz hasta la fecha con las propuestas económicas del Gobierno.
Pero también ha sido crítica con la situación económica de Andalucía. La delegada de Gobierno ha asegurado que los andaluces no conocen la situación real de las cuentas de la comunidad y que es necesario que la Junta se ponga a sí misma condiciones puesto que debe encontrar una fórmula «sostenible» para los servicios públicos. Prueba de ello es que no ha podido atender al pago de todas sus facturas pendientes a pesar de haber recibido 2.700 millones de euros para el pago a proveedores. «Grandes proveedores en Educación y Sanidad han ido al Ministerio para denunciar que no han podido cobrar sus facturas pendientes con Andalucía», unas facturas que se desconocían hasta ese momento.
Crespo ha explicado que el Gobierno está estudiando si concede o no los mil millones de anticipo que la solicitado la Junta, una cantidad muy elevada en comparación con la de otras comunidades autónomas. Cataluña, en este caso, ha solicitado 120 millones de euros.
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